El Acuerdo de Escazú trae cierta cuota de optimismo porque nos permite creer que es posible vivir en un país y una región donde dejen de violarse a diario derechos elementales.
Argentina desde hace tiempo está sumergida en un contexto de múltiples crisis: económica, social, política y ambiental. En este contexto y luego de las elecciones presidenciales, aún está por verse, cuál será el rumbo en materia socioambiental. ¿Qué pasará con los compromisos asumidos en el marco de Tratados Internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París? ¿Qué pasará en materia de derechos humanos siendo el 2024 el aniversario 30° de la reforma constitucional de 1994? Algo está claro: la Argentina nos sorprende a diario y las preguntas sobre hacia dónde iremos como país abundan.
En este escenario, nuestro país enfrenta importantes desafíos socioambientales: deforestación, cuencas y ríos contaminados, uso y abuso de agroquímicos a la par de una constante expansión del monocultivo de soja, quemas de bosques, pastizales y humedales, una clara falta de políticas ambiciosas en materia de adaptación frente al cambio climático y claro que la lista de problemáticas es larga y diversa. Ante este contexto, también hay un vacío de cumplimiento en los ejes que el Acuerdo de Escazú supone: acceso a la información pública ambiental, acceso a la justicia en asuntos ambientales, la participación en las tomas de decisiones ambientales y la protección de lxs defensorxs ambientales.
Un reciente ejemplo de ello es lo sucedido en la provincia de Jujuy en junio del 2023 cuando el Gobierno provincial reformó la Constitución Provincial1 para limitar la protesta social, perjudicando a los pueblos originarios y beneficiando a ciertos sectores productivos, principalmente a la minería de litio. El Acuerdo de Escazú puede proporcionar un marco legal sólido para abordar estos problemas y promover un modelo de país, de gobernanza y democracia que sea justo, sostenible en el tiempo y realista con nuestro crítico contexto.
Uno de los puntos que nos parece trascendental es la necesidad de lograr una ciudadanía que pueda participar activamente en los procesos de toma de decisiones relacionados con proyectos o políticas que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. Esto es especialmente relevante en Argentina dado que, la participación ciudadana debe ser repensada y discutida para que no se considere que lo único necesario para garantizar dicho derecho sea disponer de una Audiencia Pública (no vinculante) que al día de hoy, es lo que suele suceder. Generar instancias de participación ciudadana también, y a nuestra forma de ver, es parte del camino que tenemos que transitar para un nuevo modelo de democracia, más representativa, cercana y realista de las distintas realidades de todo el país.
En nuestro país, más allá de no estar en una situación de extrema gravedad en cuanto al asesinato de defensorxs ambientales2 como sí sucede en otros países de la región, siguen ocurriendo constantemente violaciones a los derechos humanos de quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. Son variados los casos de persecución, hostigamiento, y amenazas que han ocurrido en los últimos años en el territorio nacional. Discutir y pensar políticas para su protección, seguridad e integridad, es urgente y necesario para hacer cumplir lo que el Acuerdo de Escazú estipula y obliga a los países.
Creemos que otro de los desafíos trascendentales para la Argentina es que el Acuerdo logre jerarquía constitucional, tal como tienen ciertos tratados regionales e internacionales, para lo cual debería ser analizado y aprobado por ambas cámaras del Congreso. Esto podría ser visto como una oportunidad para que quienes deben discutirlo (diputadxs y senadorxs principalmente) se informen al respecto. Con una mirada optimista, podríamos esperar que esto genere que desde las organizaciones socioambientales podamos incidir en el Poder Ejecutivo para que se lleven adelante ciertas políticas y medidas, así como también podría resultar una instancia crucial para visibilizar las violaciones a ciertos derechos que ocurren a diario en distintos rincones del país.
En cuanto a la implementación del Acuerdo, es vital construir y contar con espacios que faciliten el trabajo conjunto entre las organizaciones, otros actores relevantes y el Estado (en sus 3 niveles: nacional, provincial y municipal) en pos de una adecuada y pronta implementación. Si las organizaciones somos consultadas de manera esporádica difícilmente lograremos una efectiva implementación. Ante ello, resulta fundamental construir sistemas que garanticen la plena y real participación de la sociedad civil para trabajar en conjunto con el Estado y otros sectores relevantes para estos procesos.
Para quienes nos comprendemos como parte del movimiento socioambiental argentino, el Acuerdo puede y debe implicar un trabajo colectivo para hacerlo cumplir, detener las violaciones a los derechos que consagra el texto y lograr que tome la relevancia que todxs aspiramos que tenga.
“Vivimos tiempos de múltiples crisis, pero la socioambiental sigue sin figurar en el centro de la escena para la dirigencia política. Ante ello, el Acuerdo de Escazú trae cierta cuota de optimismo porque nos permite creer que es posible vivir en un país y una región donde dejen de violarse a diario derechos elementales. Pero nos preguntamos, ¿el poder político estará a la altura de las circunstancias para que la Argentina esté a la vanguardia en la protección de los derechos que el Acuerdo ampara? ¿Será la Argentina un ejemplo a nivel regional e internacional para que el Acuerdo garantice derechos y evite violaciones, tal como lo fue a la hora de condenar los delitos de lesa humanidad en el marco de la última dictadura cívico militar? ¿Estaremos a la altura las organizaciones del movimiento socioambiental para aunar exigencias, denuncias y propuestas? ¿Podremos profundizar en la construcción de redes (humanas) para atender diversas situaciones a las que el Estado sigue sin llegar? ¿Podremos mostrarnos como un movimiento sólido, diverso y federal que entiende la urgencia de la construcción colectiva para que se detenga la persecución, encarcelación y hostigamiento a defensorxs?”3
*Por Micol Cortes, Roí Corrado y Mijael Kaufman Falchuk