Un repaso por las políticas de Estado para garantizar el acceso a la alimentación.
El rol del Estado en materia alimentaria
En una época donde el rol del Estado está siendo cada vez más cuestionado, es importante revisar algunas de las políticas públicas que lleva adelante y poner la lupa sobre una de las problemáticas más urgentes de la actualidad: el acceso a la alimentación.
Dentro de sus facultades, el Estado diseña e implementa distintas políticas sociales, que comprenden las políticas públicas enfocadas al bienestar social, la equidad y la justicia, en pos de asegurar condiciones propicias para el desarrollo de la sociedad. Dentro de estas políticas, se encuentran las políticas alimentarias, que buscan posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país.
Entonces, el Estado busca abordar estas necesidades alimentarias a través de distintas políticas públicas nacionales y locales, siendo algunos ejemplos a nivel nacional: la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijx, las prestaciones para comedores comunitarios y merenderos, las prestaciones para Comedores Escolares, el complemento alimentario y el programa Pro Huerta, recientemente cerrado.
Repaso sobre algunas políticas públicas alimentarias
La Tarjeta Alimentar está destinada a las familias en situación de vulnerabilidad, permitiendo la compra de alimentos básicos a través de una transferencia monetaria mensual que se acredita en esta tarjeta. Por otro lado, las prestaciones para comedores comunitarios y merenderos se enfocan en trabajar con organizaciones comunitarias para asegurar que las personas en situación de pobreza tengan acceso a una alimentación adecuada. A su vez, esto se complementa con las prestaciones para Comedores Escolares, que tienen por objeto el mejoramiento de los servicios alimentarios en las escuelas brindando asistencia financiera de manera mensual a comedores escolares en todo el país, complementando las acciones realizadas por los gobiernos locales.
El Complemento Alimentario proporciona alimentos directamente a poblaciones en riesgo o en emergencias socio-sanitarias, buscando cubrir las necesidades de aquellos que no están alcanzados por otras formas de asistencia. Por último, el programa Pro-Huerta, recientemente cerrado, promueve la producción local de alimentos mediante huertas y granjas, fomentando la soberanía alimentaria y la participación comunitaria.
Para entender el papel del Estado en las políticas alimentarias, es esencial analizar su función en el contexto actual de inflación y aumento de la pobreza e indigencia en nuestro país. A lo largo de la historia argentina se han implementado políticas sociales alimentarias para garantizar el derecho a la alimentación a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, con la disminución del rol intervencionista del Estado, el acceso a los alimentos para muchas familias ha quedado a merced del “libre mercado”. Cada vez es más común escuchar que no debería estar dentro de las funciones de un Estado el garantizar el acceso al derecho básico de la alimentación. Sin embargo, entendemos que el acceso a una alimentación adecuada es fundamental para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Por eso, es indispensable que las políticas públicas enmarcadas en un enfoque de derechos humanos se orienten hacia la creación de un sistema de soberanía alimentaria que garantice el derecho al acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos para todxs. Asegurar esto debe ser un compromiso permanente del Estado como política de largo plazo.
En épocas donde los programas mencionados están siendo cerrados, fuertemente desfinanciados y limitados en su alcance, es un deber de las organizaciones de la sociedad civil seguir insistiendo sobre la necesidad de la existencia de estas políticas